El sector afirma también que minorar sus beneficios no resuelve nada para los consumidores.
El sector eléctrico es favorable a intervenir el precio del gas, al que responsabiliza de la subida de los precios de la electricidad, pero no de medidas de intervención en el mercado eléctrico (como poner topes en los precios a que se puede casar la energía) o detraer a las eléctricas los beneficios obtenidos por el alto precio del gas.
La Comisión Europea (CE) ha abierto esta semana la puerta a intervenir el precio del gas, que se ha disparado a máximos históricos y que ha llevado también a récords los precios eléctricos en el mercado mayorista, así como a otro tipo de medidas, que había rechazado hasta la fecha y que ahora, ante los efectos de la guerra en Ucrania, ha pasado a considerar.
La CE dice que “los estados miembros pueden considerar impuestos temporales sobre los beneficios caídos del cielo” de las empresas eléctricas, siempre que no sean retroactivos y permitan a los productores de electricidad cubrir sus costes y proteger el mercado a largo plazo.
Con ello, calcula que habría un potencial de ingresos para las arcas públicas de 200.000 millones de euros.
INTERVENIR EL PRECIO DEL GAS PODRÍA ABARATAR 300 EUROS LA LUZ
Ante las indicaciones de la CE de esta semana, el sector eléctrico es favorable a la intervención del precio del gas, pues evitaría el encarecimiento general de los precios, incluida la electricidad.
Fuentes del sector calculan que limitar el precio del gas en la generación eléctrica, que consume aproximadamente el 10 % del gas total, tendría un impacto directo en el mercado mayorista, que marcó un máximo histórico en España el pasado 8 de marzo, con 544,98 €/MWh de media diaria.
Según las mismas fuentes, con un límite de coste del gas de 80 euros (precios previos a la guerra de Ucrania), la electricidad podría situarse en torno a los 180 euros, lo que supondría un abaratamiento del mercado diario mayorista de más de 300 euros.
Asimismo, señalan que, según analistas, ese techo en el precio del gas, que sería temporal, a escala europea y vinculado a la situación de crisis, podría suponer un ahorro en la UE de unos 400.000 millones de euros.
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